La introducción junta muchos elementos sin dar respiro al texto: presenta el caso de un árbol talado, luego habla del negocio ilegal de la madera y lo enfrenta con los madereros que trabajan de forma legal, generando confusión. El uso de un intertítulo podría haber ayudado a solucionar esto.
Hay buena cantidad de datos, especialmente de cifras. También se menciona cómo amenazan a los campesinos y lo difícil que resulta para los empresarios forestales que tienen su predio legal.
Para un mejor entendimiento, está la cita referida:
“La parota que se derribó es un árbol fácil de reproducir y que crece con celeridad, a diferencia de la caoba pacífica —casi extinta de la región— y del granadillo y el tampicirán, maderas duras, muy apreciadas en el mercado chino, que han sido saqueadas de forma selectiva en todo el litoral desde 2010. “Hasta dejarnos solamente los palos más jóvenes”, comenta un experto forestal que pide el anonimato.
Lo que sucede en la costa norte de Jalisco también se replica en otras regiones del país, en donde la tala ilegal es ya parte del negocio de los grupos que controlan el tráfico de drogas.
En el centro, sur y norte de México, además de los grupos de la delincuencia organizada, otros actores —incluso, comunidades completas— han visto en la tala ilegal un negocio fácil.
Y mientras los bosques se quedan sin árboles, los cerca de 1300 ejidos y comunidades que han creado empresas forestales, para producir madera en forma sustentable, se enfrentan no solo a la expansión del crimen organizado. También deben lidiar con el exceso de trámites para realizar manejo forestal, con el débil impulso a la silvicultura comunitaria y, sobre todo, con la impunidad que existe alrededor de la tala ilegal.
En todas las regiones del país, actores involucrados en el tema forestal coinciden en que cada vez es más difícil que la madera que comunidades y ejidos producen en forma legal y, sobre todo, cuidando el futuro de los bosques, se coloque a un precio justo en un mercado inundado por productos de origen ilegal”.